El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Foral de Caza y Pesca, que matiza el carácter no obligatorio del guarderío, regula la suelta de especies genéticamente puras y respalda la actuación del guarda.
Con los votos a favor de UPN y PSN, la abstención de Aralar-Nabai, Bildu, y el rechazo de PPN, I-E, la Ley de reforma de la Ley de Caza y Pesca de Navarra ha sido presentada por UPN.
Su objeto es adaptar la legislación a las necesidades actuales, revisando, entre otros, la obligatoriedad del sistema de guarderío, la superficie mínima exigible para la constitución de un coto, las especifidades de los vedados intensivos y la acción sancionadora.
Tras las “controversias” generadas por el sistema de guarderío, exigencia recogida en la Ley Foral de 2005 y determinada reglamentariamente para su entrada en vigor en febrero de este año, se modifica el artículo 51, de modo que sea el titular del coto de caza el que “decrete la necesidad” de disponer o no de tal cautela, que deja así de ser obligatoria.
A la hora de decidir sobre la implantación del guarderío, deberán tenerse en cuenta las “características” del aprovechamiento cinegético previsto, bajo el principio de “garantizar de forma suficiente” la correcta explotación de las especies y el aseguramiento de las medidas de “control y seguimiento” establecidas con carácter preceptivo.
En todo caso, se dispone que el coto cuente necesariamente con un sistema de vigilancia para la ejecución de “autorizaciones excepcionales” de caza, ya sea por el empleo de los métodos prohibidos contemplados en el artículo 39, ya sea por tener lugar fuera de la temporada ordinaria.
Además, se requerirá guarderío para caza a rececho de ciervo y corzo; batidas y monterías a efectos de control de los procedimientos de seguridad necesarios; batidas de jabalí con más de 20 cazadores; controles anuales de poblaciones; y aquellas otras que puedan desarrollarse reglamentariamente.
A su vez, se demandará guarderío para manejo de poblaciones, incluyendo sueltas, repoblaciones y translocaciones, y cuando se haya autorizado una repoblación de especies cinegéticas, durante el tiempo que la caza de esas especies esté vedada y el acotado permita la cetrería de otras especies.
Por último, también para “asegurar las mejores condiciones medioambientales y de seguridad”, se precisará guarderío cuando, por una gestión deficiente o por colocación de venenos y cebos envenenados o empleo de sustancias tóxicas prohibidas por la legislación vigente, se hubiera producido el cierre total o parcial del acotado en cumplimiento de expediente administrativo, penal o medida cautelar.
En este supuesto, la presencia del guarda se prolongará hasta el final de la primera temporada efectiva de caza en el acotado.
Entre los deberes del titular del aprovechamiento, en aras a una mayor “transparencia” en la concesión y uso de permisos temporales (tarjetas), figura la obligación de comunicar al titular del coto el número e importe de dichos autorizaciones.
Por otra parte, la Ley aboga por autorizar la constitución de cotos locales de un mínimo de 1.000 hectáreas, cuando el aprovechamiento principal sea la caza mayor y la gestión del acotado sea ejercida directamente por la entidad local titular o se determine a través de subasta.
En cuanto al aprovechamiento de los cotos cinegéticos, éste se realizará conforme a lo dispuesto en su Plan de Ordenación Cinegética.
No obstante, se regula la suelta de ejemplares de especies puras, de cara a garantizar la “idoneidad genética, la calidad sanitaria y el mantenimiento de los valores ambientales” en el acotado.
En ese terreno, se autorizan sueltas de perdiz roja, liebre europea y mediterránea y conejo, en las condiciones que el Departamento competente, en el plazo máximo de 18 meses, determine reglamentariamente.
Tras esta medida, subyace la “preocupación” por la desaparición de especies cinegéticas debido, entre otros muchos, a la “excesiva humanización de la naturaleza, o la agricultura intensiva”.
Respecto al régimen sancionador y en lo tocante a las infracciones muy graves, se agrega entre los comportamientos merecedores de tal calificación la “introducción o suelta de especies cinegéticas sin la debida autorización o el incumplimiento de los requisitos establecidos en la misma”.
A su vez, se modifica el apartado primero del citado precepto, para castigar la “colocación de venenos y cebos envenenados, así como el uso de sustancias tóxicas prohibidas”.
Y se añade una disposición adicional tendente a preservar la libertad del guarda a la hora de actuar, de modo que sus denuncias se pongan en conocimiento del Departamento competente en materia de caza, de la entidad local titular del coto y del titular del aprovechamiento cinegético.
La Federación Galega de Caza,que suma más de 22.000 licencias y negoció in extremis con la Xunta sobre el borrador de la ley, se fecilitó por el satisfactorio resultado. Principalmente, en los aspectos que se refieren a la seguridad y la responsabilidad patrimonial, según el presidente de la Federación Galega de Caza, Javier Nogueira. Y eso aunque inicialmente se había mostrado crítica con la decisión de no rebajar a 14 años la edad mínima para poder cazar. De todos modos, Nogueira indicó que alegarán contra ese punto. La intención es que los menores puedan obtener licencia a los 14 años, aunque no porten un arma y acompañen a mayores en las actividades cinegéticas. “Podrían dirigir un grupo de perros o aves de cetrería”, aseguró.
